Debido a ello, según el ministro, «inmediatamente salían sancionados los buques, las empresas, los clientes”.

Ildegar Gil

“En la medida en que se buscaba la manera de salir adelante ante las sanciones (impuestas de forma ilegal por el régimen de Donald Trump), inmediatamente salían sancionados los buques, las empresas, los clientes”.

Esa fue una de las frases finales con las que este sábado siete de marzo cerró su intervención respecto a la detención de Alfredo Marcial Chirinos Azuaje y Aryenis Coromoto Torrealba Barrios, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Chirinos Azuaje y Torrealba Barrios, detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim, el viernes 1ro de marzo, estuvieron adscritos a la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA en calidad de gerentes de Operaciones de Especialidades y Operaciones de Crudo, respectivamente, y de acuerdo a las declaraciones del jefe del despacho ministerial los documentos localizados en la residencia de la pareja “fueron verificados, cruzados y cotejados con las sanciones emitidas contra PDVSA”. Agregó: “El resultado arroja que todas las empresas, clientes, buques que aparecieron en los documentos incautados en la residencia de estos traidores, fueron sancionados”.

Informó asimismo que los órganos de inteligencia iniciaron las investigaciones “de campo” a partir de informaciones clasificadas de la industria petrolera, publicadas en algunos medios nacionales e internacionales de los cuales no dio nombres pero que –prosiguió-, develaban información sensible de la estatal, sus clientes “y sobre todo en las estrategias comerciales y logísticas que se han venido implementando para superar las sanciones unilaterales, coercitivas, arbitrarias, violadoras del Derecho Internacional, por parte del imperio estadounidense”.

Durante su declaración a través de Venezolana de Televisión, mostró imágenes sobre Reportes de producción de febrero 2019, Estrategias de transición de la Faja Petrolífera del Orinoco, Volúmenes de crudo a comercializar en el extranjero, exportaciones de crudo de enero a abril 2019, incautadas –reiteró-, tanto en las oficinas de los ahora detenidos como en la vivienda que ocupaban.

Esta documentación con carácter confidencial y estratégica, precisó, fue entregada “al gobierno de Estados Unidos”, ratificando en tal sentido lo expresado el pasado lunes dos de marzo (a través de un comunicado), por la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, cuando subrayó: “Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible, y de carácter confidencial, al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, para con ello agredir a nuestra industria petrolera, a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones violatorias del Derecho Internacional”.  

Añadió el vocero, este sábado: “Por eso el gobierno estadounidense los tenía registrados, fichados, inscritos como personas de alto valor, de alto perfil que colaboraban con valiosa información privilegiada del gobierno venezolano”.

Aunque no mencionó expresamente que ambos pueden ser calificados de espías, así lo dejó ver al sentenciar que las sanciones y el asedio contra el país “implica vigilancia y espionaje utilizando (el imperio) toda su maquinaria de espías para corroborar que sus acciones estén funcionando a favor de sus objetivos”.

Opinó que la actuación que se adjudica a los profesionales señalados “al servicio bastardo de potencias extranjeras”, merece el repudio y las más altas sanciones posibles.

Remató puntualizando: “Gracias a ellos nosotros estamos sancionados. Y las sanciones contra el pueblo de Venezuela son un crimen”.

Privados de libertad

El cinco de marzo fue dictada privación preventiva de libertad hacia Alfredo Marcial Chirinos Azuaje, y Aryenis Coromoto Torrealba Barrios. La medida emanó del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en los delitos asociados a la corrupción y delincuencia organizada.

Así lo dio a conocer el Tribunal Supremo de Justicia a través de la cuenta @TSJ_Venezuela.

Indicó el despacho que la medida hacia ambos está basada en “presunta comisión de los delitos de reserva de divulgación o suministro de datos o información prevista en el artículo 55 de la de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Orgánica contra la Corrupción; asociación, tipificado y sancionado en el artículo 37 de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 52 de la referida Ley Orgánica”.

Defensa popular

En Lara, estado origen de los señalados, familiares y amigos de estos reclamaron públicamente su libertad.

El lunes dos de marzo, Mercedes Azuaje de Chirinos, madre de Alfredo, dijo ante la Defensoría del Pueblo: “Se les está acusando de algo que es totalmente falso. Ellos son antiimperialistas. Desde que están en la empresa PDVSA han luchado por su mejoramiento y su saneamiento”.

Belkis Barrios de Torrealba, madre de Aryenis, también se sumó a la concentración: “Me dirijo especialmente al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero la libertad para nuestros hijos, nuestros muchachos antiimperialistas. Revisen nuestro caso, revisen nuestra historia”.

Miembros de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque

La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque fue creada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de febrero de 2020. La preside el vicepresidente sectorial para la Economía, Tareck El Aissami; el vicepresidente es Asdrúbal Chávez, quien en 2017 se desempeñó como presidente de Citgo, filial de Pdvsa en territorio estadounidense; en su estructura también están el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), almirante en jefe Remigio Ceballos.

También integran sus filas siete representantes de la clase obrera: Wills Rangel, José Guerrero, Elia García, Yuris Gómez, Sandra Nieves, Antonio Lugo y María Grimán. Igualmente, Jesús Martínez, rector de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero (UBTJR) y Luis Rodríguez, también directivo del mencionado ente.

Los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol; de Transporte, Hipólito Abreu; de Ciencia y Tecnología, María Gabriela Jiménez, y del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, también son parte de la instancia.