Carlos Batatín

La Comisión de Economía y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional Constituyente estudiará el caso del fundo Caño Rico donde presuntamente unas 200 familias campesinas establecidas al Sur del Lago de Maracaibo, entre los límites del estado Zulia y Mérida, a fin de que se establezcan responsabilidades ante el presunto acoso a que han sido sometidas por la asociación de ganaderos de esa localidad.

La información fue dada a conocer por el diputado Braulio Álvarez, quien precisó que los integrantes de la citada comisión tienen previsto viajar, entre los días 13 y 14 de febrero, hasta ese lugar, para investigar a fondo los detalles de esta denuncia y, además, conocer otros desalojos que se han venido ejecutando en esas entidades.

Dijo el constituyente que, “otro elemento, que tenemos que verificar, es cuál es el organismo de Seguridad del Estado que llega a desalojar a los campesinos y las campesinas. Esto es con el propósito de aclarar el porqué de su actuación y quién es el que da las órdenes, porque no podemos permitir que en este proceso revolucionario se repitan las prácticas habituales de la Cuarta República”.

En esto, sentenció Braulio Álvarez, tenemos que ser categóricos, y de ser cierto el desalojo de estas 200 familias habrá que emprender los correctivos de inmediato, “porque la información que manejamos es que se trata de tierras pertenecientes al Patrimonio de la Nación, las cuales son administradas por el Instituto Nacional de Tierras. Aclaró que, cuando se habla de consejos comunales, comunas o de asociaciones de campesinos, “estamos en la obligación de proteger la producción primaria”.

En este sentido, agregó, “le hemos sugerido al INTI que proceda al levantamiento catastral correspondiente, porque Venezuela necesita incorporar a los campesinos al plan productivo de alimento.

¿Tiene conocimiento de los desalojos de campesinos en otras zonas del país?
“Sí. Estamos investigando hechos similares en la parte sur del estado Aragua, donde, por cierto, se han adjudicado los terrenos con sus respectivos títulos, y aún así se están produciendo algunos desalojos. Da la impresión de que hay fuerzas que están actuando desde adentro y desde afuera, pretendiendo imponer como garantía unas supuestas acciones de funcionamiento de Estado, la cual no compartimos ni compartiremos, que a nuestra gente del campo le violenten sus derechos”.